El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos llama a autoridades a brindar apoyo a los desplazados por violencia
Badiraguato.- Tras condenar los hechos violentos ocurridos de forma reciente en la zona serrana del municipio de Badiraguato, mismos que han sido denunciados por ciudadanos que han tenido que abandonar sus poblados, la Comisión Estatal de Derechos Humanos llama a las autoridades competentes para que intervengan de forma inmediata y salvaguarden y defiendan sus derechos.
El Ombudsman José Carlos Álvarez Ortega emitió medidas cautelares dirigidas a las autoridades municipales y estatales, para garantizar los derechos de 200 familias de las comunidades de Arroyo Seco, La Palma y La Tuna, que se salieron de sus comunidades por temor a ser víctimas de hechos delictivos.
Invita a que se atiendan las consideraciones y propuestas planteadas por el organismo en la Recomendación General No. 10 “Informe Especial sobre los Desplazamientos Internos de Personas en Sinaloa”, así como el “Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México”.
Álvarez Ortega solicita que las autoridades se coordinen para garantizar los derechos de las personas que dejaron sus viviendas brindándoles apoyos en materia de alimentación, salud, educación, vivienda, agua y saneamiento.
Algunos pobladores sólo ha escuchado rumores de las presuntas balaceras en la zona serrana.
Niegan robos.
Mientras que pobladores de Badiraguato denuncian que hombres armados han cometido hechos delictivos y sembrado el terror en distintas comunidades, la Procuraduría General de Justicia del Estado niega y minimiza los hechos.
En conferencia de prensa realizada ayer, el subprocurador general del Estado Martín Robles Armenta comentó que tras realizar una serie de indagaciones se descubrió que en los poblados de Huixiopa, Arroyo Seco, La Tuna, La Palma, entre otras comunidades no se han dañado casas por disparos de armas de fuego, tampoco se han dado privaciones de la libertad en esos domicilios, y ni se han registrado asaltos o robos. Aseguró que se hicieron entrevistas con diversas personas y autoridades de la localidad.
Indicó que se tenía la información de que ayer elementos del Ejército, de la Policía Ministerial, Policía Estatal y municipal realizarían un recorrido.
“Algunas entrevistas que hicieron los agentes de la policía comentan, que algunas personas se salieron por temor, porque se comenzó a correr la información de que se suscitaría un enfrentamiento entre grupos de delincuentes y para no salir lesionados o fallecidos, personas inocentes entre estos niños, mujeres, adultos, algunas familias optaron por salirse”, detalló.
Asesinatos.
Mientras que pobladores hablan de hasta posibles muertos por balaceras, la Procuraduría reconoce sólo dos. Robles Armenta explicó que el 11 de junio se recibió el reporte sobre el fallecimiento de dos personas en la comunidad de Arroyo Seco, rumbo a La Palma, pero al ir el agente del Ministerio Público al sitio no fueron localizados los cuerpos. Aseguró que se hicieron entrevistas con autoridades municipales y no hubo nada. Relató que al día siguiente en un lugar diverso, que es en la comunidad de Higueras de Tecuán, ahí sí se pudo confirmar el fallecimiento de dos jóvenes que habían salido a una comunidad diferente a la que ellos residen y se tuvo conocimiento por parte del agente del Ministerio Público cuando en la noche del día 11, en la funeraria se dio aviso de que había una persona fallecida y al acudir a la comunidad de Higueras de Tecuán, ahí se confirmó sobre el fallecimiento de otra persona. “Estos son los únicos para el registró de averiguación previa de dos personas fallecidas pero en un área diferente”, detalló.
Aclaración.
Con respecto a los grupos delicuenciales que operan en este municipio, explicó que será la federación la que dé esta información.
Aclaró que ya se constató que la casa de la mamá de Joaquín Guzmán Loera (El Chapo Guzmán) no presenta daños por disparos de arma de fuego, pero aclaró que ayer en la misma no había ninguna persona, desconociendo si vivían ahí o no.
En la cabecera municipal se respira una aparente calma.
Mientras la Procuraduría dice “no”, habitantes de Badiraguato aseguran que “sí” se han registrado hechos violentos y que muestra de ello es que las comunidades de Los Alisitos, San José del Barranco, La Palma, La Tuna , Arroyo Seco, Potrero de la Vainilla y Huixiopa no hay habitantes y que hasta los maestros tuvieron que dejar esa zona, explicó un poblador. La fuente de quien se guardará el anonimato —por seguridad— explicó que fueron varias las personas que miraron dos cadáveres en la comunidad de Arroyo Seco, pero que el personal del Ministerio Público no acudió al sitio porque no le permitieron llegar.
Indicó que desde el pasado sábado la gente de las rancherías antes mencionadas empezaron a dejar sus viviendas por la presencia de hombres armados, quienes les dijeron que se salieran porque podía haber enfrentamientos.
Reprobó el que las autoridades y el propio gobernador estén negando estos hechos, porque esto lo único que hace es dañar a los pobladores.
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