“No tengo conocimiento”, “lo desconozco”, “no hubo acuerdos”, fueron las respuestas del ex comisionado en Michoacán, Alfredo Castillo, sobre los pactos que sí hizo con las autodefensas en ese estado, para lograr que se incorporaran a las Fuerzas Rurales o dejaran las armas con las que combatieron a los Caballeros Templarios.
Se dieron a conocer -por petición de la defensa de José Manuel Mireles- la declaración de Castillo ante el Ministerio Público, en la cual mintió al desconocer los acuerdos.
Cuando se le preguntó cuál fue el acuerdo “en relación a los registros de las armas de uso exclusivo del Ejército”, respondió que “no hubo acuerdos, en el sentido que sugiere la defensa del procesado, dado que el registro de armas se realizada ante la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, en los términos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos”.
Como se apunta en las notas periodísticas, los acuerdos establecían una fecha límite -el 10 de mayo de 2014- y puntualizaban: “Las autodefensas se obligan a registrar las armas que actualmente poseen o portan ante la Secretaría de la Defensa Nacional. Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública o, en su caso, la Secretaría de la Defensa Nacional, se comprometen a dotarlos de las herramientas necesarias para su comunicación, traslado y operación”.
Además, Castillo dijo que “desconoce” quién ordenó la detención de José Manuel Mireles, ocurrida el 27 de junio de 2014, pese a que él -de forma paralela a la Procuraduría de Michoacán- informó a los medios sobre la aprehensión del doctor, argumentando que portaba un arma e incluso lo acusó de traer droga; esto último, hasta ahora no ha sido plenamente comprobado.
En aquel momento -contrario al desconocimiento que dijo tener- Castillo advirtió: “Todas las personas que estén armadas y no sean parte de la Fuerza Rural serán detenidas”.
En tanto, cuando se le preguntó cuál fue la causa por la que se detuvieron a autodefensas el 9 de mayo, cuando aún no había concluido el plazo del 10 de mayo, insistió en su “desconocimiento” de los hechos. “Lo desconozco, y aclaro que nunca se autorizó a ninguna persona, ni hubo “acuerdo” como sugiere la defensa del procesado, para poseer o portar armas… quien las hubiera poseído o portado… lo hizo bajo su más estricta responsabilidad”, insistió.
Incluso cuando se le preguntó si los dirigentes de las autodefensas -entre ellos Mireles- estaban autorizados para contar con escolta armada, Castillo volvió a “desconocerlo”. ”Lo desconozco”, repitió en su respuesta final.
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