Los testimonios de cuatro víctimas de tortura y del familiar de otra, que actualmente se encuentra desaparecida, dan cuenta de la 'estrategia' del Gobierno contra un cártel del narcotráfico
PRIMERA DE CUATRO PARTES
La batalla entre cárteles de la droga en Sinaloa, que se desató desde 2008, se aceleró con Mario López Valdez como Gobernador, quien enfocó su estrategia en eliminar, de cualquier manera, a una de las organizaciones más agresivas en el Estado: el Cártel de Los Mazatlecos.
Los operadores del Gobierno de Sinaloa en la guerra fueron mandos de la Policía Ministerial quienes, con tortura, de acuerdo con resoluciones judiciales y de derechos humanos, hicieron que personas detallaran la estructura de la organización, o en su caso, firmaran documentos para culparse de delitos cuando no se tenía otra prueba para llevarlos a la cárcel.
Los testimonios de cuatro víctimas de tortura y el familiar de otra, que actualmente se encuentra desaparecida, señalaron a mandos policiales como los autores de actos que se documentaron en ocho recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa y en sentencias judiciales, una de ellas es la de un ex policía ministerial.
“Sí, recuerdo bien porque el que me levantó la cara estuvo junto conmigo, es el comandante Jorge Constantino Sajarópulos Corona. Yo a él lo conocí porque cuando iba empezando lo enviaron castigado a estar como operativo allá a Sinaloa de Leyva”, dijo Crecencio Meza Meza, ex policía ministerial.
Los mandos que acusaron las víctimas, además de Sajarópulos Corona, quien actualmente es titular de la Policía Municipal de Rosario, son Martiniano Vizcarra Burgos, subdirector de la Policía Ministerial; Jesús Carrasco Ruiz, subdirector operativo de la corporación, y José Luis Ibarra Velázquez, coordinador de detenciones, quien el 23 de febrero de 2012 fue asesinado.

 
Martiniano Vizcarra Burgos, subdirector de la Policía Ministerial del Estado.

Jesús Carrasco Ruiz, coordinador del Grupo de Operaciones Especiales de la PME.

Jorge Constantino Sajarópulos Corona, director de la Policía Minicipal de Rosario.

José Luis Ibarra Velázquez, conocido también como Comandante Lince, quien fue asesinado
el 23 de febrero de 2012.
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Noroeste consultó los ocho casos que obtuvieron una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa, que datan entre 2011 a 2015. Seis de ellos por primera vez confiaron su testimonio ante medios de comunicación.
Los casos ocurrieron en el mismo periodo en que el Gobierno de Sinaloa sostuvo enfrentamientos contra bandas criminales, enfocándose principalmente contra el denominado Cártel de Los Mazatlecos, pues las víctimas están intrínsecamente relacionados con la desarticulación de esa organización criminal, que el Gobierno de Estados Unidos calificó como el brazo operador del Cártel de Los Beltrán Leyva en el Estado.
La tortura que recibieron, según consta en expedientes y las resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos, fue aplicada para que firmaran una declaración ministerial en la que se culparon de delitos o para la obtención de información sobre grupos del crimen organizado.
“Empezaron a hacer muchas preguntas, a preguntar por personas que yo no conocía; garrotazos, agua, toques, los toques aquí me lo ponían en las orejas, aquí en la cabeza, en la yema de los dedos, y pues se enojaron porque querían que yo les dijera algo que realmente pos no sé”, narró Víctor Manuel Fuentes Aboytes, otra víctima de tortura.
En los testimonios, las víctimas narraron las agresiones a las que fueron expuestos, como asfixias con vendas y agua, choques eléctricos, golpes con artefactos metálicos, de plástico y de madera mientras estaban parados, tirados en el piso o colgados desde sus extremidades.
También se les hizo múltiples amenazas de muerte contra ellos y sus familiares. En algunos casos se registró abuso sexual hacia ellos o de personas cercanas para intimidarlos, además, se les negó el cuidado médico, fueron exhibidos ante medios de comunicación y no se les dio adecuada defensa de oficio.
“Pues… sí te ofrecen un abogado de oficio, pero que te echa la mano bien, no; un abogado de oficio que, nada más, probablemente ahí que te llamaban, y ya”, expresó Guadalupe Caro Castro, otra víctima de tortura.
Los policías ministeriales que fueron acusados tienen dos características: se desempeñan o se han desempeñado como mandos dentro de la estructura de la Policía Ministerial, además se les ha excluido de las investigaciones judiciales.
Noroeste solicitó una entrevista a la Dirección de la Policía Ministerial del Estado y a la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa, a través de sus enlaces de comunicación social, para que los mandos que fueron acusados, o sus superiores, pudieran comentar sobre las denuncias de las víctimas.
La respuesta fue que éstos se encontraban en otras labores, y que posteriormente, sin determinar una fecha, podrían hacer algún comentario respecto a las acusaciones en su contra.

Geovany Lizárraga Ontiveros, quien la PGJE acusó de ser el líder de la organización 'Los Mazatlecos, fue detenido el 16 de mayo de 2011. Él, de acuerdo con la Fiscalía, dio la información de la estructura del grupo armado.
La génesis de la tortura
El 16 de mayo de 2011, con la detención de Geovany Lizárraga Ontiveros, a quien se le acusó de ser el líder de la organización Los Mazatlecos de 2008 a 2011, el Gobierno de Sinaloa se declaró en pos de desarticular la célula criminal con una estrategia mediática, armada y de tortura.
Ese día, la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa anunció la detención de Lizárraga Ontiveros y una lista de nombres de personas que forman o formaron parte de la estructura del grupo criminal, el cual sirve como enlace del Cártel de Los Beltrán Leyva en Sinaloa.
Un año 7 meses después, el grupo fue reconocido como cártel por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, debido a la actividad en la producción de drogas, principalmente metanfetaminas y lavado de dinero.
La estrategia del Gobierno de Sinaloa, encabezada por Mario López Valdez como Gobernador, y Marco Antonio Higuera Gómez, comoProcurador, fue incrementar el Estado de Fuerza liderado por Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, director de la Policía Ministerial en Sinaloa, quien hizo presentaciones públicas de detenciones de personas relacionadas con este cártel.
Estas presentaciones se calificaron como golpes graves a la estructura criminal, pero a la fecha existen al menos seis de ocho casosdocumentados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que aún no tienen una sentencia por falta de pruebas sobre los delitos que se les acusaron, a causa de que éstos se fundamentaron con declaraciones que se obtuvieron con tortura.
En esos ocho casos, la CEDH confirmó que la Policía Ministerial del Estado utilizó la tortura con dos objetivos: crear culpables u obtener información precisa del Cártel de Los Mazatlecos.
En seis expedientes judiciales y ocho recomendaciones de Derechos Humanos, que fueron revisados por Noroeste con la autorización de autoridades penitenciarias y de los familiares de las víctimas, se documentaron los métodos de tortura a los que fueron expuestas por policías ministeriales.
Cuatro de esos policías son o han sido mandos de la corporación, de acuerdo con los testimonios de cuatro de las víctimas y la madre de otra que actualmente está desaparecida.
Ninguno de los elementos policiales ha sido castigado, aunque ya han sido identificados ante la Comisión de Derechos Humanos y ministerios públicos.
Crecencio Meza Meza es un ex policía ministerial. El 3 de agosto fue detenido por su ex compañeros, quienes lo torturaron durante siete días, hasta el día de su presentación ante los medios de comunicación, con la acusación de ser líder gatillero de la organización 'Los Mazatlecos'.
Los ‘culpables’ en la guerra contra el narco
Crecencio Meza Meza es un ex policía ministerial y víctima de tortura ejercida por elementos que antes fueron sus compañeros de trabajo.
Para este reportaje, narró por primera vez su testimonio sobre la detención que sufrió y la presentación del 10 de agosto de 2011 acusado de ser un líder gatillero del Cártel de Los Mazatlecos en la zona de Guasave y Sinaloa de Leyva.
La Policía Ministerial lo detuvo el 3 de agosto de ese año en su casa, que se encuentra en el ejido Maquipo, Sinaloa de Leyva, y durante siete días fue torturado por elementos de esa corporación, con el fin de que firmara su declaración ministerial en la que se inculpaba de ese delito, de acuerdo a recomendación 48/2012 de la CEDH.
“Entonces llegaron a la Dirección de Policía Ministerial, me metieron a los baños, me empezaron a echar agua, me ponían trapos en la cara. A veces, como soy hipertenso, a veces como que perdía el conocimiento y ya me dejaban, pero al ratito volvían otra vez y otra vez… fueron varias veces”, describió Meza Meza en entrevista.
“La cosa es que cuando llegaron conmigo todavía se miraba el sol. No supe cuánto tiempo pasó, fue mucho tiempo porque ya era muy noche cuando me sacaron de aquí. Me llevaron a la PGR, de hecho, cuando me metieron a las celdas de ellos, unos elementos llegaron a la celda y me dicen ‘ésta es el arma que te vamos a poner’, ‘¿Y eso?’, le digo yo, ‘es injusto eso, esa arma no la conozco’; ‘no’, dice, ‘así nos están ordenando’”.
Meza Meza fue recluido primero en el penal federal de Villa Aldama, en Veracruz, y posteriormente fue trasladado al penal federal de Hermosillo.
Durante 4 años y 7 meses libró un juicio con la acusación de portar un arma tipo AK-47, que es de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea. Su defensa comprobó que eso no era cierto a través de dictámenes forenses, según consta en su expediente judicial.
“El 1 de diciembre de 2011, en el que establecen que en las armas de fuego tipo fusil AK-47, no encontraron fragmentos de huella dactilar y/o palmar, anexando diecisiete placas fotográficas”, establece el dictamen forense que se integró al expediente.
El 3 de marzo de 2016 salió libre del penal, pero ese mismo día volvió a ser detenido por la Policía Investigadora de Sonora porque la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa lo acusó de otro delito: haber sido parte del asesinato, en 2010, de César Valenzuela Gaxiola, ex líder de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán.
Meza Meza no es la única persona que ha sido relacionada como gatillero de la organización criminal. Lo mismo sucedió con Víctor Manuel Fuentes Aboytes y Guadalupe Caro Castro, quienes están acusados del asesinato de los policías municipales de Ahome, Guadalupe Gastélum Luque y de Marco Antonio Pérez González.
El 3 de diciembre de 2011 los policías fueron asesinados. En el expediente 379/2013 se establece por el Ministerio Público que fue a causa de que Gastélum Luque no quiso integrarse a la nómina de Los Mazatlecos para patrullar en favor de las operaciones de esa organización.
A Gastélum Luque lo asesinaron aquél sábado a las 09:20 de la mañana. Sin embargo, 20 minutos antes, según consta en el expediente, las policías Municipal de Ahome y Ministerial del Estado ya habían capturado a Víctor Manuel Fuentes Aboytes y a Guadalupe Caro Castro en el poblado Bachomobampo Dos, con la acusación de ser los responsables.
 
Víctor Manuel Fuentes Aboytes y a Guadalupe Caro Castro fueron presentados ante medios de comunicación con la acusación de ser los asesinos de los policías municipales de Ahome, Guadalupe Gastélum Luque y de Marco Antonio Pérez González
Fuentes Aboytes dijo en entrevista que él y Caro Castro fueron torturados físicamente por los policías ministeriales para que firmaran su declaración ministerial, con la que se inculparían frente al juzgado, debido a que no se tenía otra prueba.
“Me empezaron a pegar más para que yo les firmara unas hojas, porque realmente yo nunca les di una declaración de nada. Yo hasta el día de ahora mi declaración la di en la ciudad de Culiacán el día… no recuerdo si fue el día 6 o el día 7 de diciembre ya adentro del penal, del mismo año, del 2011”, narró Fuentes Aboytes.
“Ellos me empezaron a torturar otra vez de vuelta para que yo aceptara, que yo les dijera que había matado a estos policías. ‘¿Qué quiere que les diga, si yo no los maté?’; ‘Mira’, me dijo ‘dime que tú los mataste para ya no estarte pegando, no estarte torturando’, y ‘bueno, ¿me vas a matar?, porque yo no maté a esas personas’”.
El 22 de febrero de 2013, Fuente Aboytes junto con Caro Castro fueron sentenciados por 45 años de cárcel, pero a través de un amparo pudo revocar la sentencia con el argumento de que no se tienen pruebas suficientes para juzgarlo por asesinato, salvo su declaración ministerial que se obtuvo con tortura.
En el caso de Caro Castro, él también alcanzó una revocación de su sentencia, pero meses más tarde volvió a ser condenado por 42 años de prisión, debido a que no pudo pagar un abogado que lo defendiera y pudiera utilizar argumentos similares a los de Fuentes Aboytes.
“Entonces, después nos revocaron la sentencia y fue cuando nos trasladaron para acá, por lo mismo el otro chavalo todavía no ha sido sentenciado. A mí ya me sentenciaron otra vez, me dieron 42 años”, expresó Caro Castro.
“Pero me cambiaron otro de oficio, el de la sentencia me lo cambiaron y me pusieron otra y la otra licenciada en cuanto entró de volada cerró el caso y puras así”.
Ambos, de acuerdo a su expediente judicial que comparten, siguen siendo considerados como integrantes del Cártel de Los Mazatlecos, como ha sucedido en otros casos con otro tipo de delitos: como secuestros, asesinatos, producción y venta de droga, extorsiones y robo.

Batalla cruenta
Entre 2011 y 2014, el índice de delitos mantuvo a Sinaloa entre las primeras cinco entidades federativas más violentas del País, y la causa que sostuvo el Gobierno estatal fue la rivalidad delincuencial entre el Cártel de Sinaloa y el de Los Mazatlecos por la producción y venta de droga.
La estadística de asesinatos por esa causa llegó a sumar, sólo en el periodo de 2011 a 2014, hasta 4 mil 753 homicidios, de acuerdo a información de la Procuraduría General de Justicia a través de acceso a la información.
La atribución principal del Gobierno de Sinaloa sobre el alto índice de asesinatos se ha centrado sobre Los Mazatlecos, al asegurar que tienen características más violentas en sus operaciones que el Cártel de Sinaloa.
LÍDER
DE LA CÉLULA DE GUASAVE Y SINALOA

Meza Flores Fausto Isidro
Alias: “El Chapo Isidro”
EX LÍDER
DE LA CÉLULA DE BATAMOTE, GUASAVE

González Peñuelas Jesús
Alias: “El Chuy González”
LÍDER
DE LA CÉLULA DE MAZATLÁN

Lizárraga Ontiveros Samuel
Alias: “El Tortillero”
LÍDER
DE LA CÉLULA DE TEPIC, NAYARIT

Patrón Sánchez Juan Francisco
Alias: “El M2”
EX LÍDER
DE LA CÉLULA DE AHOME Y EL FUERTE

Osuna Sánchez Juan Pablo
Alias: “El 100”
EX LÍDER
DE LA CÉLULA DE AHOME Y EL FUERTE

Pacheco Samaniego Jesús Miguel
Alias: “El Pecas”
LÍDER
DE LA CÉLULA DE MAZATLÁN

José Sabá Ávalos Sánchez
Alias: “El Güero Sabá”
El líder de la organización criminal, conforme a un informe del Departamento del Tesoro de Estado Unidos, es Fausto Isidro Meza Flores, ‘El Chapo Isidro’, quedándose en el lugar que dejó Geovany Lizárraga Ontiveros.
En la estructura hay otros nombres como el de José Sabá Ávalos Sánchez, ‘El Güero Sabá’; Samuel Lizárraga Ontiveros,‘El Tortillero’; Juan Francisco Patrón Sánchez, ‘El H2’; que siguen operando, según el reporte de inteligencia de Estados Unidos, en municipios como Mazatlán, Guasave, Sinaloa, El Fuerte y Choix.
La estructura era aún más grande, según la Procuraduría de Sinaloa, con otros integrantes como Jesús González Peñuelas,‘El Chuy Peñuelas’, quien lideraba Batamote, Guasave; Jesús Miguel Pacheco Samaniego, ‘El Pecas’, considerado junto con Juan Pablo Osuna Sánchez, ‘El 100’, como los principales operadores de droga en los municipios de Ahome y El Fuerte.
Estas últimas tres personas fueron asesinadas en enfrentamientos contra la Policía Ministerial y el Ejército mexicano entre 2012 y 2014.

Eduardo González Rodríguez fue detenido el 12 de diciembre de 2011, con la acusación de haber sido distribuidor de droga para la organización 'Los Mazatlecos' en la ciudad de Los Mochis.
Primero torturado, después desaparecido
Cada uno de los “líderes mazatlecos” tenía una estructura menor para el sostenimiento del cártel, según reportes de inteligencia del Gobierno de Estados Unidos, apoyándose en el reclutamiento de adolescentes y jóvenes, como sucedió con Eduardo González Rodríguez.
El 12 de diciembre de 2011 González Rodríguez, de 17 años, fue detenido por la Policía Municipal de Ahome acusado de comercio de droga en la ciudad de Los Mochis.
La Policía Municipal, que estaba liderada en ese entonces por el mando ministerial Jesús Carrasco Ruiz, lo turnó a la Policía Ministerial para trasladarlo a Culiacán, donde fue sometido a diversos actos de tortura para que detallara la lista de nombres de los integrantes de la banda criminal en esa zona.
Su madre, la señora Reyna Isabel Rodríguez Peñuelas, narró en entrevista que su hijo fue maltratado de múltiples formas, dejándole secuelas físicas y psicológicas graves.
“Yo batallé mucho para dar con mi hijo, hasta el tercer día di con mi hijo ahí en Culiacán y bien torturado, como loco me lo dejaron. Él, de hecho, estuvo viendo psicólogo y lo estuvo viendo un doctor porque él no movía un brazo”, recordó.
“A él lo bañaban con agua y le daban toques, y a él, de hecho, lo presentaron (ante los medios de comunicación) con un pantalón de policía, un pantalón oscuro porque se hizo hasta del baño de lo que lo golpearon... las pompis no se le miraban lilas, se le miraban negras donde lo tablearon mucho y todavía allá adentro en Culiacán, antes de que saliera a declarar, un (policía) ministerial lo amenazó de que tenía que firmar lo que le dieran”.
Eduardo, después de dar la lista de nombres, fue sentenciado a 5 años de prisión, primero en el Centro de Internamiento para Adolescentes de Sinaloa, donde estuvo un año, después pasó otros 2 años y nueve meses en el penal de Los Mochis, donde logró salir antes de cumplir su sentencia al lograr una fianza por buena conducta.
La señora Reyna Isabel Rodríguez Peñuelas dijo que una vez que su hijo salió libre, decidió irse a vivir a la ciudad de Guasave, donde volvió a dedicarse a la venta de narcóticos, pese a que su libertad estaba condicionada.
“Andaba mal, le pusieron muchas cosas, pero sí andaba mal; tampoco le voy a tapar el sol con una mano, yo sé que mi hijo andaba mal, pero como yo les digo, o sea, nadie tiene derecho de quitarle la vida ni privarlo de la libertad nomás porque ande mal”, señaló la señora.
El 9 de febrero de 2016 nuevamente fue detenido, ahora junto a Zumiko Lizbeth Félix Ortega, su cuñada, pero en esta ocasión por personas que no han sido identificadas de manera oficial. Desde ese día, Eduardo y Zumiko están desaparecidos.
 
Eduardo González Rodríguez salió libre en mayo del 2015, pero 9 meses después fue desaparecido de manera forzada junto a su cuñada Zumiko Lizbeth Félix Ortega, con quien viajaba de la ciudad de Los Mochis al municipio de Guasave.
Esta desaparición, según la madre de Eduardo, pudo haberse hecho por policías ministeriales, pues una persona que observó cómo fueron detenidos le aseguró haber visto cómo eran llevados en una patrulla de esa corporación.
“Mire, supuestamente, ya ve que ahorita la gente no quiere ser testigo, le da miedo, entonces hubo una persona que miró y por medio de esta persona supimos que supuestamente fue la Ministerial los que lo levantaron a él y a Zumiko”, dijo.
La desaparición de Eduardo y Zumiko está registrada ante la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, No Localizadas o Ausentes en la zona norte del Estado, pero en la investigación del Ministerio Público se omitió la posible participación de policías ministeriales.
19 RECOMENDACIONES CONTRA LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA POR ACTOS DE TORTURA QUE REALIZÓ LA POLICÍA MINISTERIAL DEL ESTADO HA DOCUMENTADO LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE 2008 HASTA 2015
La policía de excepción
Los actos de tortura, según el Código Penal de Sinaloa, son penados, pero ello sólo ha quedado sólo en el papel, como un discurso simbólico para poder cumplir con los estándares jurídicos. En la práctica no existen personas que hayan sido castigadas en el Estado por ese delito.
La Procuraduría General de Justicia de Sinaloa documentó entre 2011 a 2015 hasta 447 demandas por tortura de parte de funcionarios públicos, siendo la Policía Ministerial Estatal la que tiene un mayor cúmulo, con el 70 por ciento de estas.
Las denuncias incrementaron a partir de 2012, cuando Jesús Antonio Aguilar Íñiguez ya era de forma oficial el director de la corporación.
Fue en ese mismo tiempo cuando el gobierno de Sinaloa incrementó el “Estado de Fuerza” para “ganar la guerra contra el narcotráfico”, colocando a Aguilar Íñiguez como el líder operador, y al mismo tiempo la estructura de la Policía Ministerial para operar como brazos ejecutores.
Esa estructura se distribuyó en distintas áreas donde los grupos criminales tenían una mayor operación, de esa manera Jesús Carrasco Ruiz fue enviado a dirigir la Policía Municipal de Ahome desde 2011 hasta 2013, después de que un grupo armado lo atacó en la carretera México 15, cuando se dirigía a Culiacán para una reunión de seguridad.
Carrasco Ruiz fue asignado entonces como coordinador de operaciones especiales, donde ha permanecido como segundo al mando de ese grupo después de Aguilar Íñiguez.
Otro de los brazos ejecutores de la Policía Ministerial es Jorge Constantino Sajarópulos Corona, quien durante la estancia de Aguilar Íñiguez se ha mantenido en la institución como un miembro operativo de investigaciones especiales, teniendo actualmente a su cargo la policía municipal de Rosario y al mismo tiempo la vigilancia de la frontera sur de Sinaloa.
Caso similar es el de Martiniano Vizcarra Burgos, subdirector de la Policía Ministerial, quien en 2011 volvió a la organización después de haber permanecido prófugo de la justicia junto a Aguilar Íñiguez por una investigación de PGR por crimen organizado, misma que terminó en una fe de erratas y absolución de sus acusaciones.
Estos tres policías fueron acusados de tortura, forman parte de esa lista de denuncias, sin embargo ninguna de ellas ha sido causa de alguna sanción, ni penal ni administrativa.

Los casos de Juan Carlos Cristerna Fitch y Yecenia Armenta Graciano son los únicos en los que la Procuraduría General de Justicia reconoció que sí se les torturó, pero ello no ha sido causa de que castigue a los torturadores.
Oídos sordos
La Policía Ministerial ya ha sido señalada por actos de tortura bajo la dirección de Aguilar Íñiguez, tanto por comisiones de derechos humanos como por jueces federales y locales.
En septiembre de 2014 un tribunal colegiado con sede en Zatacatecas le otorgó un amparo a Juan Carlos Cristerna Fitch, quien fue acusado en 2012 por la Procuraduría General de Justicia como el responsable del asesinato de Perla Lizeth Vega Medina, una mujer universitaria y funcionaria pública del gobierno de Sinaloa.
Cristerna Fitch alegó haber sido torturado por la Policía Ministerial, hecho que se comprobó por la Comisión Estatal de Derechos Humanos con una recomendación, la cual se rechazó en un principio por la Fiscalía.
Después del fallo del tribunal colegiado el juzgado local le dejó salir de la cárcel para continuar con su proceso judicial con libertad condicional.
Al mismo tiempo ocurrió un caso similar, el de Yecenia Armenta Graciano, quien fue acusada de haber sido la autora intelectual del asesinato de su ex esposo Jesus Alfredo Cuén Ojeda en julio del 2012.
Armenta Graciano también alegó tortura de parte del grupo Águila 1 de la Policía Ministerial, y en 2013 la Comisión Estatal de Derechos Humanos dio a conocer con una recomendación que las acusaciones eran ciertas.
La Procuraduría General de Justicia también rechazó este señalamiento de la CEDH, pero diciembre de 2014 un juzgado federal le otorgó un amparo que comprobó que sí había sido torturada de múltiples maneras.
La PGJE tampoco quiso aceptar el amparo, lo que ocasionó que organizaciones nacionales y extranjeras se fijaran en el caso para hacer protestas internacionales, para que la PGJE desistiera de las acusaciones, debido a que las declaraciones de Armenta Graciano eran la única prueba para mantenerla encarcelada.
El 7 de junio de este año, el juzgado que tuvo su caso decidió dejarla en libertad, quitándole todas las acusaciones de la Fiscalía sinaloense.
Los casos de Cristerna Fitch y Armenta Graciano, de acuerdo con la PGJE a través de documentos públicos, son los únicos en lo que se ha obtenido una sentencia favorable contra la tortura, pero eso no ha sido causa para que se investigue a los culpables de tales actos.

Cadena de impunidad
La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha documentado, desde 2008 hasta 2015, hasta 19 recomendaciones contra la Procuraduría General de Justicia por actos de tortura que realizó la Policía Ministerial del Estado, sin embargo, la cifra podría ser aún mayor.
Las denuncias por tortura ante el Ministerio Público desde 2011 a 2015, según documentos estadísticos de la PGJE, alcanzaron hasta las 447 demandas, de las cuales 33 fueron hechas por mujeres.
Pese a que se tiene un alto índice de señalamientos, sólo dos de esas denuncias han sido confirmadas por las autoridades como casos de tortura, según la información otorgada a través de acceso a la información por la Fiscalía sinaloense, uno de ellos de 2013 y otro de 2015. Sin embargo, en ninguno de los dos casos existe un castigo contra los torturadores.
Las quejas por tortura que tienen la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Procuraduría son contra servidores públicos, es decir, contra policías, ministerios públicos y custodios penitenciarios, incluyendo mandos policiales como los antes mencionados.
Noroeste ofreció a la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa dar su versión de las acusaciones que hicieron las víctimas, así como sobre la falta de sanciones a servidores públicos, pero la dependencia, a través de su enlace de comunicación social, aseguró que el personal está ocupado en otras actividades.
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